A través de una carta, Horacio Rodríguez Larreta le reclamó a la titular de la AFIP por “el fuerte aumento de la valuación de los inmuebles de los porteños” y señaló que el mismo es “ilegítimo, discriminatorio y atenta contra la seguridad jurídica”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió por carta a la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, que revea y revoque el Dictamen 1/22 que dispone un fuerte aumento de la valuación de bienes inmuebles en la Ciudad que integran la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales.

El pedido se sostiene en que el dictamen "es ilegítimo, discriminatorio y atenta contra la seguridad jurídica".

En su misiva, Rodríguez Larreta sostiene que el dictamen es ilegítimo porque desconoce lo definido en el Código Fiscal de la Ciudad y vulnera lo dispuesto en la Ley 27.480 que establece que hasta que no se determinen los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales a nivel nacional, las valuaciones para el Impuesto sobre los Bienes Personales serán las vigentes al 31 de diciembre de 2017, actualizadas por la variación del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC).

“Al 31 de diciembre de 2017 –momento en el cual fue sancionada la modificación a la Ley 23.966 por la norma citada que pone en un plano de igualdad las valuaciones de los inmuebles de todo el país-, la base imponible del impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires era únicamente la Valuación Fiscal Homogénea, tal como lo expresa literalmente el Código Fiscal de la Ciudad y tal como estaba reconocido por la AFIP en el Dictamen N° 1/2018 DI ALIR (8/5/2018)”, dice la carta. Y agrega que un cambio en los criterios expuestos atenta, también, contra una ley nacional que ha plasmado una metodología explícita de liquidación del impuesto, distorsionando además la equidad lograda.

En la carta, Rodríguez Larreta sostiene, además, que el dictamen es fuertemente discriminatorio porque “sólo afecta las valuaciones de inmuebles de la Ciudad, elevándolas casi 10 veces más que al resto de las jurisdicciones.

Mientras que el valor fiscal de los inmuebles de todas las jurisdicciones correspondiente al período fiscal 2021 crece interanualmente 51,4% (IPC), los inmuebles de la Ciudad verán incrementarse su valuación en un 505,6%”.

Luego de la quita de la Coparticipación y de la búsqueda de la suba del transporte público mediante la quita del subsidio, el Gobierno nacional pretende ahora cuadriplicar el valor de los inmuebles para que aquellos contribuyentes que tengan una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires paguen por este impuesto lo que no abonan los que viven en otras provincias, violando claramente los principios constitucionales de igualdad, equidad y capacidad contributiva.

“En tercer lugar, el dictamen atenta contra la seguridad jurídica porque modifica el valor de las valuaciones correspondientes al 31 de diciembre del año anterior e incluso períodos anteriores en caso de falta de presentación o pago del tributo, desconociéndose así que el hecho imponible ya se devengó con anterioridad y en ese momento quedó fijado el marco legal e interpretativo que cuantifican a la obligación tributaria correspondiente”, señala la carta.

Esta medida provocará, además, que una gran cantidad de contribuyentes deban darse de alta en el Impuesto a los Bienes Personales por el sólo hecho de tener un inmueble radicado en la Ciudad de Buenos Aires. Con la modificación del criterio de AFIP, se estima que 220.000 nuevos contribuyentes quedarán afectados a este impuesto.

Por otra parte, esta medida agrava aún más la situación de la Ciudad como jurisdicción, ya que la recaudación de este Impuesto sobre los Bienes Personales se redistribuye entre todas las provincias, con excepción de la Ciudad, que no recibe un peso de lo recaudado por este tributo. En el año 2021, se coparticiparon a las provincias $ 163.845 millones por este impuesto, de los cuales CABA recibió cero pesos.

En síntesis, esta medida de la AFIP sólo pretende elevar la presión tributaria y castigar únicamente a los que tienen alguna propiedad inmueble en la Ciudad, constituyendo así un ataque más de los que se vienen dando por parte del Gobierno nacional hacia la Ciudad de Buenos Aires, con el único fin de afectar política y financieramente a una administración provincial gobernada por una fuerza opositora.