Representantes del Frente de Todos (FdT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires advirtieron sobre el "manejo unilateral" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la negociación por el traspaso de la Policía y aseguraron que "excluye a la oposición sin rendir cuentas ante la Legislatura".

Así lo afirmaron luego de una reunión que mantuvieron con funcionarios del Ministerio del Interior, que encabeza Eduardo 'Wado' De Pedro, para interiorizarse sobre la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia entre el Gobierno Nacional y el Gobierno porteño por los fondos de traspaso de la policía.

“Larreta pregona el diálogo y el consenso pero no convoca ni escucha a los legisladores de la ciudad. No dialoga con la oposición, y tampoco se allana a lo que pidió el máximo tribunal de la Nación, que abrió un plazo de 30 días hábiles para que el GCBA y la Nación lleguen a un acuerdo y se niega a transparentar los números del funcionamiento de la Policía en la Ciudad”, sostuvieron a través de un comunicado de prensa.

En el encuentro participaron el senador nacional Mariano Recalde, la legisladora porteña por el Frente de Todos, Claudia Neira; y sus pares Javier Andrade y Manuel Socías, en tanto que -por parte del Ministerio del Interior- estuvieron la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y los representantes jurídicos de la cartera, Laura Manin y Luciano Molusso.

La reunión fue solicitada por los referentes del FDT "ante la falta de información en el marco del Gobierno de la Ciudad, por lo que tras conocer el estado actual de las audiencias, instaron a que el titular del Ejecutivo porteño plantee una propuesta de resolución del diferendo ante el Gobierno nacional, tal como establece la Ley 27.606, que perfeccionó el traspaso de la policía, sancionada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación hace 15 meses", según indica el comunicado.

Asimismo, desde las comunas porteñas reclaman al Ejecutivo porteño "por el incumplimiento del art. 9, inciso G de la ley 23.548 de Coparticipación Federal, que obliga a establecer un sistema de distribución de los ingresos originados en esa ley, dado que la ciudad es la única jurisdicción de todo el país que no lo hace. La CABA recibe el 1,4% de los recursos que administra el Estado Nacional de la coparticipación primaria".

"Los gobernadores de las provincias reclamaron que desde 2016, cuando Macri triplicó los recursos nacionales para la ciudad, ésta recibió más de 500 mil millones de pesos en exceso", recordaron.

Señalaron además que esos recursos "no fueron a parar a la seguridad de los porteños, algo que se puede ver no sólo analizando los presupuestos y las cuentas de la ciudad, sino también en la realidad de todos los días en las calles de cada uno de nuestros barrios".

"La política de seguridad de Larreta es deficiente y selectiva: el 67% de los delitos se cometen en sólo cuatro comunas, en los que cientos de miles de porteños y porteñas son abandonados a su suerte, sin verificarse los logros en seguridad que pregonan Felipe Miguel y Horacio Rodríguez Larreta", señalaron en el comunicado.

La semana pasada, el Gobierno nacional entregó una nota a la Corte Suprema de Justicia con el planteo consensuado por los gobernadores sobre los fondos que la administración del expresidente Mauricio Macri le giró a la ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de la policía al distrito, en la cual los mandatarios provinciales sostuvieron que "se violaron los principios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".

Lo hizo a través del Ministerio del Interior, luego de que los gobernadores se reunieron el miércoles pasado en la Casa Rosada con el titular de esa cartera, Eduardo de Pedro, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur; encuentro al que se sumó luego el presidente Alberto Fernández.

El reclamo de los gobernadores se da en el marco de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por esos fondos que tiene estado judicial y es considerado por la Corte Suprema, donde la administración de Horacio Rodríguez Larreta radicó un pedido de cautelar para dejar sin efecto esa reasignación de recursos.

La Corte ordenó a ambas jurisdicciones buscar una solución a través de audiencias conciliatorias que se están realizando de manera semanal, antes de emitir una resolución, que tiene como fecha límite el 26 de abril.