Este martes se informó que la Procuración General de la Ciudad denunció al titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Roberto Andrés Gallardo, ante el Consejo de la Magistratura, por su “mal desempeño” y “desconocimiento inexcusable del derecho”.

La Procuración General de la Ciudad denunció al titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Roberto Andrés Gallardo, ante el Consejo de la Magistratura, el 5 de agosto pasado, por su “mal desempeño” y “desconocimiento inexcusable del derecho”, causales previstas en el art. 122 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La presentación judicial, que lo acusa de tener una constante animadversión hacia el Gobierno de la Ciudad y sus instituciones, fue como respuesta a la decisión del magistrado de denunciar, el pasado 13 de julio,  a Marcelo D´Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad porteño y otros tres funcionarios por supuesto uso indebido de los datos biométricos del sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos y transgresión de la Ley de Inteligencia Nacional nº 25.520. Además, previamente, el 11 de abril, Gallardo ya había ordenado suspender el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos, dejando a la Ciudad sin la posibilidad de utilizar una herramienta fundamental para perseguir el delito.

En la presentación, la Ciudad sostiene que el juez ejerce “activismo judicial desbordado y desquiciado”, desconoce los límites propios de competencia y acusa a Gallardo de una  falta total de imparcialidad, encuadrándose dentro de la categoría de un deliberado desvío de poder jurisdiccional.

Esta presentación realizada a principios de mes, no contempla su último fallo, el de apartar a la Policía de la Ciudad de una zona de Recoleta.

¿Qué razones tuvo la Ciudad para denunciar a Gallardo, además de las mencionadas? Hay varias causas, algunas datan de hace muchos años, entre las que se destacan:

* El 11 de febrero de 2019 dispuso que todo usuario de la red de transporte subterráneo que al ingresar o egresar de una estación de subte observe que alguna de las instalaciones mecánicas (escaleras mecánicas, ascensores y/o salvaescaleras) se encuentre en ese momento fuera de funcionamiento, se encontrará exento de abonar la tarifa correspondiente al servicio regular.

* El 9 de abril de 2019, ordenó al GCBA prohibir en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la actividad de las firmas RAPPI ARG. S.A.S., KADABRA S.A.S. (GLOVO) y PEDIDOS YA S.A., (MENSAJERÍA Y REPARTO DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS) y ordenó activar un plan de contingencia económica y social para todos los repartidores de las firmas involucradas, que compense la reducción de sus ingresos dinerarios, esto sin que las empresas involucradas soliciten ninguna compensación.

* El 4 de diciembre de 2018 decretó la inconstitucionalidad de un nuevo Reglamento para el empleo de las armas de fuego que por ese entonces había establecido el Ministerio de Seguridad  de la Nación. Dictó su inaplicabilidad en el ámbito territorial de la C.A.B.A. y ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstenga de adherir o incorporar como pauta de acción local al citado reglamento federal o cualquier otro de naturaleza homóloga. Todo esto sin que el Gobierno de la Ciudad haya adherido, ya que apenas lo estaba estudiando. Lo extraño fue que el Juez tomó la causa.

* El 11 de agosto de 2020 frenó el funcionamiento de la legislatura porteña  al suspender la realización de las audiencias públicas virtuales convocadas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, por el Aislamiento, las estaba haciendo de manera virtual para poder seguir funcionando y asegurar la participación vecinal.

* Además, en 2010, en el marco de un proyecto que tenía la Ciudad para construir el puente Roca-Patricios en el cauce del Riachuelo, el Juez Gallardo suspendió el proyecto, aunque el magistrado no tenía jurisdicción para eso, ya que era competencia federal porque formaba parte del plan para sanear el Riachuelo, algo que estaba a cargo del juez Luis Armella por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nada le impidió a Gallardo avanzar contra la Ciudad de Buenos Aires, esta vez, frenando una obra pese a no tener injerencia jurisdiccional  hacerlo. Finalmente la audiencia se hizo, pese a todo el juez la declaró nula, terminó enfrentado  a un colega suyo (Armella) y desconoció  el mandato de la Corte. Ante la disputa de jueves por la autoridad el tema quedó en manos de la Corte Suprema para que dirima su competencia ¿El resultado? Los vecinos no tuvieron el puente, la obra no se pudo hacer.