La defensora de la Ciudad, Marcela Millán, aseguró que “el Gobierno porteño no estima prioritaria la urbanización y el acceso a los servicios de las familias afectadas en la principal causa ambiental de la Argentina”, en la última audiencia pública organizada por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).

Marcela Millán, defensora General de la Ciudad, participó de la primera audiencia pública presencial post pandemia de ACUMAR, la cual tuvo como objeto evaluar la implementación del Plan de Relocalización y Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios y la situación de las familias que habitan la cuenca Matanza-Riachuelo. 
En el encuentro, la Defensora señaló que “a 14 años de la resolución de la Corte, los avances en materia de soluciones habitacionales en la Ciudad se han presentado de manera muy lenta y espaciada” y que “esta dinámica propicia el crecimiento de la población y su continua exposición a las consecuencias de vivir a la vera del Riachuelo”. 


Según Millán, a pesar de las constantes propuestas integrales y del aporte de los afectados, “nos encontramos recién ahora, a más de 10 años del fallo, discutiendo criterios de abordaje de urgencias y prioridades, puesto que las soluciones presentadas siempre resultan parciales”. A esto se suma el incumplimiento de las órdenes judiciales que obligan a “los Poderes Ejecutivos de todas las jurisdicciones a poner a disposición el 25% de sus viviendas a fin de dar cumplimiento a la sentencia y, a ACUMAR, a coordinar con la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo de la Nación, la priorización de los barrios afectados”. Esto, según la Defensora, profundiza la gravedad de la situación que atraviesan las familias.

Respecto del documento que ACUMAR presentó en la audiencia, Villas y asentamientos: hacia un cambio de paradigma, la titular del MPD señaló las deficiencias en la gestión pública de los barrios de la CABA. En el caso de la Villa 21 -24, explicó que “aunque este barrio  se cita como ejemplo del nuevo paradigma de intervención de ACUMAR, porque la obra se ha dado por terminada, a la fecha aún quedan sectores del barrio donde la obra no se realizó”. También agregó que es preocupante “la inconsistencia con lo planificado y en particular la situación de los pasillos que no cumplen con los requisitos de la normativa de AySA. Estos sectores del barrio no cuentan con tendido de red como tampoco lo tienen un gran número de familias que aún aguardan ser relocalizadas, debido al retraso de las obras de vivienda,”.  Alertó, además, que no es posible “establecer el alcance real de la obra, ya que ni el Instituto de Vivienda de la Ciudad, ni ACUMAR, ni AySA han aportado información clara y precisa sobre el número de familias que efectivamente se conectaron a la nueva red de cloacas, porque la obra no previó las conexiones intradomiciliarias, como sucedió en el barrio San Blas”.

En cuanto al servicio de agua y redes cloacales, Millán explicó que en los asentamientos Magaldi y El pueblito persisten serios problemas y que “desde 2020 existen órdenes judiciales sobre obras de infraestructura para las que abiertamente el Gobierno de la Ciudad manifiesta falta de presupuesto”. En este sentido, destacó  que “es llamativo que a más de dos años de mudado complejo habitacional Alvarado no ha tomado la obra para operar el servicio de agua”.

Finalmente, la Defensora mencionó dos problemáticas que afectan tanto a las familias relocalizadas, como a aquellas que esperan la relocalización. En primer lugar, a pesar de las múltiples órdenes dadas por el juzgado y de las leyes de urbanización, no hay avances significativos en el mejoramiento de las condiciones de vida en los barrios. En segundo lugar, en relación con las tarifas de los servicios públicos, no se ha tenido en cuenta que “la mayor parte de las familias relocalizadas están en situación de indigencia y ACUMAR debería fijar una tarifa especial adecuada al perfil y situación de las personas”.

La participación de Marcela Millán en el encuentro reafirma, una vez más, la tarea de la Defensa Pública en la protección y promoción de los derechos de las personas que viven en los barrios y asentamientos del camino de sirga, ante los daños derivados de la contaminación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.