La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que brinde ayuda económica, con un importe no inferior al del alquiler que debe pagar, a una joven trans en situación calificada como de "pobreza crítica" y "máxima vulnerabilidad social".

Fuentes judiciales indicaron que se trata de A.C., de 30 años, quien sostuvo que vivió en Güemes, provincia de Salta, hasta su preadolescencia, cuando fue expulsada de su casa por su núcleo familiar cuando asumió su identidad trans.

Asistida por un asesor oficial, A.C. afirmó que entonces vivió en Salta en "situación de calle", hasta que decidió trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, donde, discriminada y con dificultades para conseguir empleo por su condición de género, decidió ser "trabajadora sexual", pero la pandemia de Covid-19 afectó sus ingresos.

A.C., quien sostuvo que padece tuberculosis, reclamó que se le provea "una solución estable y permanente que garantice en forma efectiva el derecho a una vivienda y que sea suficiente para abonar un alojamiento", ya que percibe un subsidio habitacional que no cubre sus necesidades básicas.

Al dictar la medida cautelar, el juez Guillermo Scheibler recordó que la Constitución local manda desarrollar políticas sociales para superar las condiciones de pobreza y exclusión, la ayuda a personas "con necesidades básicas insatisfechas" y el derecho a una "vivienda digna y a un hábitat adecuado".

Agregó que la Ley 3706 impone al estado local "la remoción de obstáculos que impiden a las personas en situación de calle o riesgo a la situación de calle la plena garantía y protección de sus derechos, así como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario".

El magistrado se basó en datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) y dispuso que, "hasta que se dicte sentencia definitiva", el GCBA "readecue" el subsidio habitacional de A.C. como mínimo a 22.500 pesos mensuales, que es el valor de lo que paga donde reside.