Este lunes en la Legislatura de la Ciudad, se llevó a cabo un encuentro con especialistas que debatieron los proyectos de Ejecución Penal y Creación del Servicio Penitenciario porteño en conjunto con las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad y Legislación del Trabajo.

La Comisión de Justicia, presidida por Inés Parry, junto a las comisiones de Seguridad, a cargo de Gimena Villafruela, Legislación del Trabajo, presidida por Matías Barroetaveña y Asuntos Constitucionales, presidida por Hernán Reyes, realizaron hoy una reunión conjunta donde participaron distintos especialistas para dar sus puntos de vista sobre los proyectos de Ley que están en tratamiento relacionados a la Ejecución Penal y de Creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad.

Además de los legisladores que integran las comisiones involucradas, se hicieron presentes funcionarios de las áreas de Seguridad y de Justicia del poder Ejecutivo porteño que tienen vinculación a la temática, como Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios y Adrián Patricio Grassi, subsecretario de Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia de CABA. También expusieron Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación; Gabriela Gusis, docente e investigadora en Derecho Penal y Criminología; Carla Cavalieri, vicepresidenta 2ª de la Cámara de Casación, Apelación Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas; Eduardo Villalba, especialista en Seguridad; Gerónimo Vega, de la Asociación de Pensamiento Penal; y Manuel Truffó, doctor en Ciencias Sociales y director del Área de Justicia del CELS.

Durante el desarrollo de la jornada, los expertos plantearon diversas perspectivas a considerar, dado que se trata de la creación de un sistema penitenciario que nacerá desde cero, lo que exige, según coincidieron, una ley precisa para evitar arbitrariedades o diferentes interpretaciones por parte de jueces, donde el objetivo central debe estar puesto en la resocialización, con énfasis en la capacitación y el trabajo.

Entre los temas abordados se destacó la importancia de la participación de las víctimas, la agilización de procesos a través de la oralidad, el uso mínimo del encierro y la promoción de alternativas a la prisión. Subrayaron, además, la necesidad de sentar las bases para una política postpenitenciaria orientada a evitar la reincidencia, especialmente a través de la reinserción social.

Más temprano se desarrolló una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se retomó la ley votada recientemente por los diputados que duplica la cantidad máxima de eventos anuales que los clubes pueden organizar, llevándolo de 24 a 48. Para posibilitar su correcta aplicación y permitir que comience a regir, se realizó un veto parcial a fin de adaptar la ley sancionada con la normativa vigente, algo que deberá oficializarse en la próxima sesión ordinaria a través de su aprobación por la mayoría de los diputados.

Esta medida busca fortalecer el financiamiento de estas instituciones deportivas a través de una ampliación de eventos, que les permitan sostenerse económicamente.