Después de 17 años de tratamiento, el Ministerio de Salud de la Nación dejó de entregarle a una paciente con cáncer su medicación. Ahora, la Justicia porteña ordenó al Ejecutivo local proveérsela en el término de dos días o brindarle los fondos necesarios para proceder a su compra.

El titular del juzgado Nº 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Guillermo Scheibler, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por una paciente discapacitada con cáncer y ordenó al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires -Ministerio de Salud o área que corresponda- que, en el término de dos días, provea a la mujer de la medicación Lenalinomida 15 mg -prescripta por profesionales- o le brinde los fondos necesarios para proceder a su compra. Todo esto en el marco de la causa “P., E. G. contra GCBA y otros sobre Amparo – Salud -Medicamentos y Tratamientos”.

Según relató en su demanda, la actora de 66 años fue diagnosticada en 2001 con mieloma múltiple, año en el que comenzó su tratamiento oncológico en el Hospital Durand con quimioterapia y posteriormente con Lenalidomida, lo que le permitió revertir los pronósticos negativos y estabilizar los valores.

Dicha medicación le fue suministrada desde el inicio del tratamiento y de forma regular por el Ministerio de Salud de la Nación, mediante un programa de Dirección de Asistencia Directa a Situaciones Especiales. Sin embargo, en mayo de este año le informaron telefónicamente que su pedido de autorización de seis envases “se encontraba en trámite ordinario y que no estaba contemplado dentro del vademécum”.

En su cautelar, el magistrado advirtió “la gravedad del estado de salud de la actora, la falta de provisión del medicamento prescripto por la médica tratante y por consiguiente la interrupción del tratamiento oncológico, expresamente indicado y con carácter de urgencia a fin de evitar perjuicios irreparables en la salud de la actora”.

Además, agregó que “de los presupuestos aportados, el valor de una caja de 21 comprimidos oscilaría entre $254.790 y $370.437”. “Dichos montos resultarían de muy difícil o imposible cobertura por parte de la actora quien carecería de trabajo y no percibiría suma alguna en concepto de jubilación o pensión, además de no poseer a priori, propiedades ni otros bienes a su nombre”, expresó.