El Ministerio Público de la Defensa se incorporó al Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad. Entre sus funciones, realizará visitas periódicas de inspección en lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles.

El pasado 6 de diciembre se constituyó el Mecanismo de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 5787, el Mecanismo Local quedó integrado por el titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor; en representación de la Comisión de DDHH de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, y por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, representada por su defensor General Adjunto, Luis Duacastella.

Por parte de las organizaciones civiles, se incorporó la Asociación Abuelas Plaza de Mayo, representada por Lorena Battistiol; el Centro de Estudios Legales y Sociales, representado por Paula Litvachky, y la Asamblea Permanente por los DDHH, representada por Ramiro Geber.

En el marco del plenario del Consejo Federal de Mecanismos locales, y en presencia de los Mecanismos Provinciales de Chaco, Salta, Corrientes, Misiones, Mendoza, la Comisión por la Memoria (Prov. de Bs. As.), y la Procuración Penitenciaria, se aceptó la incorporación de organismos de DDHH y organizaciones civiles como miembros del Consejo del Mecanismo de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Ciudad.

El Mecanismo Local tiene entre sus funciones la realización de visitas periódicas de inspección en lugares en que se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a cualquier lugar o sector de privación de libertad; controlar en forma permanente el trato que reciben las personas privadas de su libertad en los lugares de detención; recopilar y sistematizar información sobre la situación de las personas privadas de libertad en el territorio de la provincia y elaborar un registro provincial de casos de torturas y malos tratos.

En este sentido, en lo sucesivo, la Defensoría del Pueblo porteña y los organismos miembros acuerdan fortalecer los esfuerzos institucionales para cumplimentar con los objetivos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, y la normativa nacional y local vigente.