Se presentó en la Legislatura porteña un proyecto para derogar un artículo que criminaliza el trabajo sexual callejero en la Ciudad. En el país el trabajo sexual no es un delito, sin embargo, los Códigos Contravencionales de 16 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, criminalizan la oferta de servicios sexuales en la calle.

La legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Victoria Montenegro y la Asociación de Mujeres Meretrices (Ammar) presentaron, este lunes, un proyecto para derogar el artículo 86 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que criminaliza la oferta de servicios sexuales en la vía pública.

Montenegro, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, destacó que "es necesario seguir despertando esta conciencia en cuanto a lo que significa el Código contra la violación de los Derechos Humanos de las trabajadoras sexuales".

"Estamos dispuestas a dar una fuerte pelea dentro de la Legislatura porteña para que se respeten los Derechos Humanos de todas y todos", dijo en la conferencia de prensa realizada en el Salón Perón del parlamento de la Ciudad.

Por su parte, Georgina Orellano, titular de Ammar, subrayó que "lo que hace la policía es violencia institucional y es algo que no queremos nunca más en nuestras vidas ni en la cotidianeidad de quienes ejercemos el trabajo sexual".

Señaló que "tienen que quedar por fuera las posiciones que cada uno y cada una tenga con respecto al trabajo sexual, porque nadie puede estar a favor de la violencia institucional. Exigimos la derogación del artículo 86".

El artículo 86 (ex 81) que se propone derogar establece que "quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, es sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 400 pesos" y "en ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales".

"Según el informe 'Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y lxs trabajadorxs sexuales', realizado por Ammar y la RedTraSex en 2016, de 363 trabajadorxs sexuales encuestadas en los barrios de Once, Constitución y Flores, casi un 80% sufrió detención o demora por las fuerzas de seguridad", indicaron.

En ningún caso hubo una causa judicial posterior y la población más afectada fue el colectivo de mujeres travestis y trans migrantes.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes Maru Bielli y Lucía Cámpora, diputadas de la Ciudad; Alberto Stella, director de la oficina de Onusida para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; Vanina Escales, coordinadora de la agenda Feminista del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y referentes de la Federación Argentina LGBTIQ, entre otras organizaciones.

"Lo que planteamos es la derogación del artículo 86 del Código Contravencional y de la Cláusula transitoria concordante que son en definitiva el fundamento que habilita el ejercicio de un poder punitivo que, como sabemos, es fuertemente selectivo y que se ensaña particularmente con las compañerxs", dijo Lucía Cámpora.

A su turno, Bielli afirmó que "sabemos que la pandemia ha evidenciado el recrudecimiento de la violencia institucional sobre las compañeras que están ejerciendo el trabajo sexual y estamos completamente en contra de eso".

El director de Onusida añadió que "estos artículos de cierta manera legitiman el trato inhumano, el trato violento y degradante de un ser humano y por tanto el atropello de sus derechos; tiene que ser derogado y nosotros vamos a acompañar este proceso".

En Argentina el trabajo sexual no es un delito, sin embargo, los Códigos Contravencionales y/o de Faltas de 16 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, criminalizan la oferta de servicios sexuales en la calle y habilitan a la policía para vulnerar los derechos de lxs trabajadorxs sexuales, dicen los promotores de la anulación del artículo.

Desde esa organización pidieron también que la medida sea acompañada por políticas públicas inclusivas hacia el sector.