Referentes de Republicanos Unidos presentaron una denuncia penal contra miembros del Sindicato de Peones de Taxis por daños contra la propiedad e impedimento a la libre circulación por los hechos ocurridos el 5 de abril último en Aeroparque.

Referentes del partido político "Republicanos Unidos" llevaron a cabo una denuncia penal contra miembros del Sindicato de Peones de Taxis, entre los que se encuentra su secretario general Miguel Soto. Esto es debido a los hechos de violencia que tuvieron lugar el pasado 5 de abril en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de la legisladora porteña Marina Kienast, y los referentes del partido José Luis Patiño, José Magioncalda y Nicolás Silvera, quienes acompañaron el texto de la exposición jurídica con un video en el que se observaría al mencionado Soto destruyendo un elemento de señalización de la parada de la app de transporte “Cabify”.

Kienast afirmó al respecto que "nuestros vecinos porteños están hartos de tener que someterse a los caprichos y la violencia sindical. En este caso, el sindicato de peones de taxi niega a centenares de pasajeros opciones para poder movilizarse, haciéndolos esclavos de un servicio que funciona deficitariamente, con demoras de hasta una hora para acceder a un taxi. Es necesario limitar estos abusos y que la justicia accione"

La denuncia comprende a quienes “resulten responsables por los delitos tipificados en los arts. 183, 194 y 211 del Código Penal” en el marco de una protesta realizada por el Sindicato de Peones de Taxis, en la cual se “obstruyó una vía transitable e impidió la actividad del transporte terrestre Cabify, junto con la destrucción de la parada autorizada por Aeropuertos Argentina 2000”.

El documento explica que el episodio ocurrió luego de que el gremio “mantuviera reuniones con la empresa administradora de aeropuertos y con el ente regulador Orsna, tendientes a anular la decisión de autorizar la mencionada parada”. En esa línea, la acusación concluye que el sindicato y su titular son responsables de “daños a la propiedad, entorpecimiento del transporte por tierra y un intento de infundir temor a la ciudadanía, mediante el ejercicio de violencia”. La misma fue sorteada en el juzgado criminal y correccional Nº 27, a cargo del juez Alberto Baños, con intervención de la fiscalía Criminal y correccional Nº 4, del Dr. Carlos Vasser.