Este jueves en la sesión, la Legislatura votó cambios en la normativa que regula las edificaciones, que ahora deberá tratarse en Audiencia Pública antes de su sanción como ley. También ratificaron el acuerdo con la Nación sobre el transporte urbano de pasajeros.

El Código Urbanístico, que es la normativa que regula el uso y la edificación en los espacios públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires, fue sometido a importantes modificaciones en su articulado, por iniciativa de la Jefatura de Gobierno luego reconsiderada por los legisladores y votada en primera instancia este jueves en la Legislatura porteña.

La adecuación de dicho código obtuvo aprobación en “primera lectura” por 32 votos a favor.

Ahora deberá discutirse el proyecto en Audiencia Pública antes de una “segunda lectura” para su sanción como ley. La diputada Paolo Michielotto, miembro informante de la comisión legislativa de Planeamiento Urbano, hizo hincapié en asegurar que antes del segundo debate serán consultadas las entidades barriales y las juntas comunales y se recibirán con atención todos los planteos y propuestas de los vecinos de la Ciudad. Esta postura fue ratificada, al final del debate, por el jefe del bloque oficialista, Dario Nieto, quien aseveró que se tomarán en cuenta todas las observaciones que planteen vecinos, organizaciones y bancadas políticas.

Antes del debate en el recinto, la Comisión de Planeamiento Urbano hizo 6 reuniones de diputados y 5 de asesores, en la cuales se recibieron observaciones. Participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, vecinos, organizaciones profesionales y se hicieron ajustes al proyecto original en base a demandas de los ciudadanos y propuestas de los bloques. En el debate de hoy, todos los bloques hicieron sus0 ponencias, aportes y críticas.

Se explicó desde el oficialismo que los cambios buscan “generar equilibrio urbano en tres escalas: “A nivel ciudad, impulsando el desarrollo del sur y consolidando la zona norte; a nivel barrial, con el ajuste de alturas priorizando las escalas barriales y resguardando el patrimonio; a nivel manzana, ajustando pisadas y alturas, principalmente ampliando el Centro Libre de Manzana en las Unidades de Edificabilidad de Altura Baja, respondiendo a las demandas vecinales”.

“La Ciudad necesita una densidad mejor distribuida y un desarrollo urbano más equilibrado, que preserve la identidad barrial y se contemple el entorno, el proyecto propicia la modificación de las unidades de sustentabilidad de baja densidad, la modificación de las planchetas de edificabilidad y usos, la sustitución del instrumento de desarrollo territorial, modificaciones de texto, gráficos y distintos niveles de protección patrimonial de inmuebles”, abundan los fundamentos.

Por otro lado, se trató en la sesión de este jueves la resolución aprobada que ratifica el acta acuerdo suscripta entre el Gobierno de la Ciudad y el Estado nacional, el pasado 3 de septiembre, sobre la transferencia de las competencias, regulación, control y fiscalización del servicio público de transporte automotor de pasajeros. Implica el manejo estratégico de las 31 líneas de transporte automotor de pasajeros (buses urbanos, micros o colectivos que circulan estrictamente dentro del territorio capitalino).

El Estado nacional se comprometió a continuar con la asistencia a los servicios públicos de transporte a través del pago de las compensaciones denominadas “Atributo Social”, contemplado en la Resolución nacional 651/15 del entonces Ministerio del Interior y Transporte de la Nación y 521/16 del entonces Ministerio de Transporte de la Nación, así como el pago de las comisiones SUBE que se generasen por la aplicación del Decreto Nacional 84/09.

Además, por iniciativa del diputado Juan P. Modarelli (UxP), sobre tablas, se trató y aprobó como ley de la Ciudad la adhesión a la ley nacional 27453, titulada “Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana”.

Se sancionó con 38 votos positivos, 7 negativos y 8 abstenciones.

La norma nacional declara “de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) creado por decreto 358/2017. Entiéndase por “Barrio Popular” a aquel con las características definidas en el capítulo XI del decreto 2670 del 1° de diciembre de 2015”.

“Se entiende por integración socio urbana, a los efectos de la presente ley, al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”, dispone la ley nacional a la que adhiere la Ciudad.