En la Legislatura de la Ciudad se dio la aprobación al dictamen para la modificación al Código Urbanístico porteño. También se emitió dictamen para modificar la Ley N° 269 que regula el Registro de Deudores Alimentarios.

En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se reunió la Comisión de Justicia, que preside Ines Parry y cuyas vicepresidencias están a cargo de  Claudia Neira, Gimena Villafruela, donde se emitió dictamen para modificar la Ley N° 269 que regula el Registro de Deudores Alimentarios.

Este cambio amplía las herramientas legales para facilitar el cobro de deudas alimentarias, promoviendo un sistema más eficiente y justo. La presidenta de la Comisión, Inés Parry, destacó que el 98% de las personas afectadas por la falta de pago de cuotas alimentarias son mujeres, y de ese grupo, el 68% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La reforma no busca atacar los ingresos de los deudores, sino que apunta a sus gastos, priorizando las necesidades de los hijos frente a gastos superfluos como actividades recreativas. Así como hacer solidariamente responsables a empleadores que oculten a deudores.

El Registro Público de Alimentantes Morosos, que este año cumple 25 años, requiere una actualización para cumplir su función de manera más efectiva. Esta reforma introduce nuevas restricciones y obligaciones para los deudores, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, que según la legislación vigente comprende la manutención, educación, salud, vestimenta y esparcimiento de los hijos/as. Llevará un listado de las personas que adeuden total o parcialmente dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas en un mismo año calendario, sean estas alimentos provisorios o definitivos, homologados o fijados por sentencia firme.

También se reunió la Comisión de Planeamiento Urbano en conjunto con la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña para tratar el proyecto de ley 2120-J-2024 sobre la modificación al Código Urbanístico, Ley Nº 6099, de autoría del Jefe de Gobierno.

El ajuste del Código Urbanístico se orienta a dar un equilibrio a 3 escalas: a nivel ciudad impulsando el desarrollo del Sur y consolidando la zona Norte-, a nivel barrial -con el ajuste de alturas priorizando las escalas barriales y resguardando el patrimonio- y a nivel manzana -ajustando pisadas y alturas, revisando "llenos y vacíos", y ampliando el Centro Libre de Manzana (C.L.M.)-.

La reunión estuvo a cargo del titular presidente de la Comisión de Planeamiento, el diputado Edgardo Néstor Alifraco, con la asistencia del diputado Claudio Romero, presidente de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico,  junto a Vicepresidente Primero de la Legislatura, Matías López y los diputados Paola Michielotto, Matías Barroetaveña, Francisco Loupias, Juan Pablo Modarelli, Claudia Neira, Ignacio José Parera, Leonardo Saifert, Guillermo Suárez, María Fernanda Mollard, Jessica Barreto, Maia Daer, Andrés La Blunda, Cele Fierro, María Sol Méndez, María Bielli, Manuela Thourte, Alejandro Omar Grillo, Juan Manuel Valdés y Gimena Villafruela.

También estuvieron presentes vecinos y representantes de asociaciones vecinales interesados en la temática abordada por ambas comisiones, quienes tuvieron la posibilidad de expresarse sobre el tema al inicio de la reunión.

Michielotto expresó que “el dictamen arribado es producto de mucho trabajo desarrollado durante mucho tiempo. Implicó esfuerzo, consenso y debate, con la participación de vecinos y de todos los integrantes de las juntas comunales de esta ciudad”.

El proyecto del poder Ejecutivo fue enviado fue enviado a la Legislatura el 30 de julio, tuvo aprobación inicial en el recinto el 30 de septiembre último y está previsto que en la próxima sesión se avance con su segunda lectura. Durante todo este tiempo, los diputados de la Comisión de Planeamiento Urbano realizaron distintas jornadas de trabajo en las que estuvieron presentes los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, encabezada por Álvaro García Resta, para explicar los alcances de la iniciativa y escuchar también a los vecinos y asociaciones civiles que se acercaron a debatir el proyecto, donde también participaron ONGs y entidades técnicas. El tratamiento también contempló la realización de mesas de trabajo específicas con cada una de las 15 Comunas, tras lo cual se realizó la audiencia pública que estipula la Ley 6, que debido a la gran cantidad de inscriptos se extendió desde el 6 al 15 de noviembre.