Se presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto que propone sanciones más severas, incluyendo arresto efectivo y hasta diez veces mayores, para quienes exijan dinero por estacionar en la vía pública sin autorización legal. También prevé penalidades para clubes y organizadores de eventos que permitan esta actividad.

El legislador de la Libertad Avanza, Yamil Santoro, presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para modificar el Código Contravencional y agravar las penas contra quienes presten servicios de estacionamiento, cuidado de vehículos o limpieza de vidrios sin permiso. La propuesta contempla hasta 60 días de arresto y multas significativamente más altas para quienes organicen esta actividad ilegal.

El proyecto también duplica las sanciones si se comprueba que la conducta incluye amenazas o discriminación de género. Además, se prevén penalidades para clubes y entidades organizadoras de eventos masivos cuando se demuestre que permiten o fomentan la presencia de “trapitos” en sus inmediaciones.

“No podemos seguir permitiendo que los vecinos sean extorsionados para pagar por un servicio ilegal impuesto bajo coerción”, afirmó Santoro, destacando que la problemática no solo afecta el orden público, sino que está vinculada a situaciones de violencia e intimidación.

Y agregó: “Un ejemplo de la urgencia de abordar esta problemática es el caso de un médico de 57 años, quien fue brutalmente agredido en Flores por un trapito al negarse a pagarle para estacionar en la vía pública. El profesional, que acababa de donar sangre, fue atacado con una tabla de madera con un clavo y sufrió graves heridas en la cabeza, el rostro y el brazo, por lo que debió ser hospitalizado en el Hospital Álvarez”.

En el caso de eventos deportivos y recitales, donde la presencia de “trapitos” es mayor, el proyecto habilita al Ministerio Público Fiscal a disponer oficinas móviles para recibir denuncias en el lugar y actuar de manera inmediata. También se faculta a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones en flagrancia, garantizando una respuesta efectiva ante situaciones de extorsión o amenazas.