El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, encabezó una reunión informativa ante diputados porteños para exponer los principales lineamientos del proyecto que impulsa la creación del Servicio Penitenciario local y de la nueva Ley de Ejecución Penal. El encuentro se llevó a cabo junto a las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Seguridad de la Legislatura.

En la Legislatura, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, encabezó una reunión informativa ante diputados porteños para exponer los principales lineamientos del proyecto que impulsa la creación del Servicio Penitenciario local y de la nueva Ley de Ejecución Penal, junto al subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín.

La reunión se llevó a cabo junto a las comisiones de Justicia, presidida por la diputada Inés Parry; Asuntos Constitucionales, a cargo del diputado Hernán Reyes; y Seguridad, presidida por la diputada Gimena Villafruela.

El ministro Tapia subrayó que uno de los pilares de la gestión es consolidar la autonomía porteña y destacó que “hoy presentamos el proyecto de creación del Servicio Penitenciario local, junto a una propuesta de Ley de Ejecución Penal, con el objetivo de contar con un sistema autónomo, que por ahora estará enfocado en los delitos cuya competencia ya fue transferida a la justicia porteña”. Además, anticipó que se trabaja en articulación con el gobierno nacional para descomprimir la situación actual en las comisarías de la Ciudad.

Por su parte, el subsecretario Halperín destacó la oportunidad institucional que representa este proceso: “La Ciudad está en condiciones de afrontar este desafío, con un cuerpo legislativo comprometido. Todos los bloques han presentado iniciativas, lo que permite construir una legislación a partir del diálogo y el consenso.”

Halperín también remarcó la necesidad de repensar el sistema penitenciario más allá del enfoque punitivo tradicional: “No podemos seguir limitándonos al castigo. El sistema debe ofrecer herramientas reales para que las personas condenadas puedan reinsertarse en la sociedad. El objetivo es que quienes cumplan una pena no regresen en peores condiciones de las que ingresaron.”

Asimismo, propuso fortalecer la participación de las víctimas en el proceso de ejecución penal, garantizando su derecho a ser informadas, participar y expresar su opinión ante el juez de ejecución, especialmente en relación con eventuales beneficios otorgados a la persona condenada.

Los especialistas destacaron que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como jurisdicción autónoma joven, tiene la posibilidad de diseñar desde cero un modelo propio de sistema penitenciario, sin estructuras heredadas y pusieron como ejemplo que en 2016, con la sanción de la Ley 5688, se creó la Policía de la Ciudad y se estableció un sistema integral de seguridad pública con participación de los tres poderes del Estado. En esa misma lógica, hoy se busca avanzar con una legislación que complete el sistema de justicia penal local.

Según la información que compartieron los funcionarios, actualmente, más de 400 personas se encuentran privadas de libertad por decisiones de la justicia de la Ciudad, una nueva realidad, según sostuvieron, que exige decidir cómo intervenir frente a quienes han sido declarados culpables por delitos y deben cumplir una pena.

Además, los representantes del poder Ejecutivo plantearon el desafío es transformar el tiempo de encierro en un tiempo con sentido, dotando al sistema de herramientas para la resocialización, facilitar el acceso a educación, trabajo, salud mental, vínculos sociales y familiares. También afirmaron que “la sociedad ya no espera solamente que alguien sea castigado, espera que no vuelva a delinquir”.