Los diputados Eduardo Santamarina (BJ) y María Rosa Muiños (BP) abrieron las disertaciones que se hicieron en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, sobre la evaluación de las políticas públicas por parte de organismos públicos de control y la sociedad civil.

La Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas (RIEPP), dio el puntapié inicial a la jornada, en la cual destacó la importancia del monitoreo y evaluación, para la mejora continua del estado y sus acciones. El diputado Santamarina abogó por una “mayor transparencia en la gestión”, que redunda en un correcto funcionamiento del sector público. La diputada Muiños contó que “estamos abocados a la reforma del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSP) de la Ciudad”, ya que reconoció que “si no nos enfocamos en un solo organismo, todo termina agotándose en una discusión técnica”. La diputada planteó la necesidad de dotar al ERSP de mayor poder, ya que por ejemplo, hoy los informes que realiza sobre las tarifas del subte “hoy solo son declarativos”, sin mayor incidencia.

Nuria García Wolff (RIEPP) señaló fundamental la posibilidad de “determinar, evaluar y juzgar” a los tres poderes del estado. Y dio paso a la exposición de los representantes de los organismos de control, que sirven para la correcta medición de las políticas públicas.

Cristian Módolo, gerente de Coordinación de la Auditoria General de la Nación (AGN), explicó que este organismo que audita a todos las instituciones que dependen del Estado, tiene a sus 7 representantes elegidos por el Congreso Nacional. Manifestó como bueno que la AGN sea única, “multiplicidad de organismos de control, generan descontrol”, y ejemplificó el caso del agua: “En la Argentina hay más de 100 instituciones que la controlan en las distintas jurisdicciones”.

Módolo dijo que la AGN produce 250 informes anuales, de los cuales el 50% son de control financiero y son pedidos por el Parlamento Nacional, generando un antecedente político, social y judicial sobre los organismos auditados.

María del Carmen Sabugal, del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, afirmó que su organismo realiza el control externo sobre la administración y gestión de los recursos públicos para garantizar su adecuado uso, determinar responsabilidades y prevenir cualquier irregularidad. Destacó el proceso de modernización que han encarado y la evaluación del desempeño en la gestión.

Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), aseguró en primer término que “no podemos dejar de lado el contexto donde se desarrollan” los organismos de control. Explicó que muchas veces su labor por parte de las autoridades es “vista como una injerencia entre las jurisdicciones, que pueden deslegitimar su gestión” y entonces el informe anual de la AGCBA “se transforma en un documento en disputa”.

Abogó por el “fortalecimiento de la independencia” de la AGCBA, aunque reconoció como una limitación que “pedimos a los organismos que auditamos nuestro propio presupuesto”. Celebró el acceso a la información pública y que los documentos sean electrónicos en la Ciudad, permitiendo un mayor tratamiento de la información para la evaluación y control, aunque “no tenemos acceso irrestricto al SADE (Sistema de Administración de Documentos Electrónicos) o al SIGAF (Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera)”.