Los diputados porteños Myriam Bregman y Patricio Del Corro presentaron en la Legislatura un proyecto para derogar una serie de leyes en las que el Gobierno le cedió inmuebles a la Iglesia, los cuales serán utilizados para actividades sociales, culturales y deportivas.

En el marco del reclamo de una parte de la sociedad de separar Estado e Iglesia, se presentó un proyecto en la Legislatura porteña por el que buscan expropiar una serie de inmuebles cedidos a ese culto, a fin de destinarlos a actividades sociales, culturales y deportivas.

La iniciativa de los diputados Myriam Bregman y Patricio Del Corro (PTS) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscarán prevé recuperar los terrenos entregados a través de la Ley 5446, que en su conjunto suman más de 30 mil metros cuadrados. “Otorgó algunos valiosos terrenos como de la Parroquia Nuestra Señora de Loreto en Coronel Díaz y Juncal o de la Parroquia Sagrada Eucaristía en Palermo. En este grupo también podemos encontrar la privatización de algunos espacios verdes como los que se encuentran en la Plaza Houssay espacio verde ubicado a la altura de Figueroa Alcorta al 7300”, explicaron los diputados en los fundamentos.

Por otra parte, pidieron derogar la Ley 1286, a través de la cual el Gobierno porteño le cedió al Arzobispado de Buenos Aires el predio donde funciona la Iglesia Santa Felicitas en el barrio de Barracas. Cabe destacar que ese terreno había sido donado a la Ciudad en 1983 por la familia Guerrero.

Los diputados también solicitaron la derogación de la Ley 5194 aprobada en 2014, la cual otorgaba a la Parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús, un permiso de uso precario a título gratuito por el plazo de 20 años por una fracción de terreno ubicada detrás de la Iglesia. Este predio estaba en el proyecto original de transferencia de dominios al Arzobispado de Buenos Aires y fue quitado cuando se votó la ley.

Además, la medida establece que “los inmuebles serán restituidos al dominio público y se conformará una comisión compuesta por un representante por bloque de la Legislatura y organizaciones vecinales con ámbito de actuación en las zonas donde se encuentran los citados inmuebles para definir en un plazo no mayor a los 60 días el destino de los mismos”.