La Legislatura porteña aprobó este jueves una ley que modifica los tiempos establecidos en la normativa vigente para completar las escrituraciones de bienes inmuebles correspondientes a conjuntos urbanos.

Mediante la Ley 3.902 en el año 2011 se creó la operatoria de regularización dominial de los bienes inmuebles correspondientes a conjuntos urbanos abarcados en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que estén pendientes de escrituración a la fecha de promulgación de la norma y cuya ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados.

Lo que aprobó la Legislatura modifica el artículo 13 donde se establece que el plazo para cumplimentar la operatoria no podría exceder los 720 días, prorrogables por el Poder Ejecutivo por única vez, por idéntico plazo. Ese plazo se encuentra actualmente vencido y ante dicha circunstancia resulta imprescindible, a los efectos de continuar con los procesos de regularización dominial, cambiar la normativa.

“La operatoria creada en la presente ley tendrá vigencia hasta la efectiva regularización dominial de la totalidad de las unidades funcionales que se enmarquen en las situaciones descriptas en la misma”, sostiene el nuevo texto.

El proyecto impulsado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se enmarca en lo establecido por el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el cual reconoce el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado, instando a la administración a resolver progresivamente el déficit habitacional dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos.

A través del instrumento que otorgó la Ley 3.902 se han alcanzado altos niveles de escrituración generando un total de 7.104 unidades escrituradas desde su sanción. Sin embargo, los motivos que dieran origen a la sanción aún persisten, atento que a la fecha se encuentran sin escriturar 8.731 viviendas.

La iniciativa tuvo despacho de la Comisión de Vivienda que preside la diputada Lía Rueda (VJ), y un dictamen de minoría, firmado por los diputados Santiago Roberto (BP) y Paula Penacca (UC), que proponía determinar el plazo para cumplimentar la regularización al 30 de diciembre de 2024 en cumplimiento del Plan Integral de obras y mejoras.

Durante el debate en el recinto la diputada Rueda (VJ) como miembro informante, explicó los beneficios que con la ley se aportarán a habitantes de viviendas de cuatro orígenes diferentes. Luego, su par Omar Abboud defendió las inversiones realizadas desde el año 2007 y la importancia de brindar seguridad jurídica a 40.000 personas para que puedan vender en condiciones normales.

En tanto, Penacca (UC) defendió el dictamen de minoría en cuanto a establecer un plazo concreto y que “se hagan las inversiones necesarias dado que no se contempla que el Estado debe resolver las cuestiones de infraestructura que tienen muchos de estos complejos”; en el mismo sentido se expresó Roberto (BP). Su desacuerdo con la política de vivienda del Gobierno porteño expuso Gabriel Solano (FIT) quien argumentó que “el Estado se desentiende de la inversión así como de la urbanización de las villas”.

La votación en general aportó sobre 56 legisladores en sus bancas, 42 votos afirmativos (VJ, Evolución), 11 negativos (UC, Javier Andrade -BP-, PTS-FI, AyL, FIT) y 3 abstenciones (BP).

Por otra parte se aprobó con 41 votos positivos y 17 abstenciones de los bloques UC, AyL, FIT, BP y GEN una ley que modifica las exigencias que debe cumplir el personal que se desempeña en edificios de propiedad horizontal, pasando de una capacitación obligatoria anual sobre higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios, a una cada dos años.

A la vez, las personas humanas o jurídicas que se desempeñen como administradores de consorcios de propiedad horizontal deberán arbitrar las medidas conducentes para exhortar al personal dependiente de cada uno de los consorcios bajo su administración, a que concurra cada dos años a las capacitaciones dispuestas. Además, serán los responsables de acreditar la asistencia del personal a la capacitación referida, bajo apercibimiento.

“La experiencia desarrollada en el ejercicio a nivel local de la Ley 941 indica que el contenido de los mismos se repite año tras año sin aportar en lo sustancial nuevas experiencias para los encargados y generando gastos excesivos para el consorcio”, destacan los fundamentos del proyecto, de autoría del Jefe de Gobierno, que tuvo despacho de la Comisión de Legislación General.

La capacitación dispuesta deberá abarcar, como mínimo, los siguientes tópicos, pudiendo la autoridad de aplicación modificar o extender los mismos de acuerdo a las necesidades del sector respecto a las materias de seguridad y reducción de riesgos: Prevención de accidentes; El orden y la limpieza; Atención a la electricidad; Atención a las posturas en el trabajo; Prevención de incendios; Normas generales de evacuación de edificios; Los primeros auxilios en una emergencia.

En tanto mediante la Ley 5.558 sancionada a mediados del año pasado se autorizó la subdivisión en tres polígonos del barrio de Núñez -Comuna 13. Se trata de la Manzana 146, Sección 27, Circunscripción 16 identificados como polígonos A, B y C que se encuentran sobre avenida Udaondo en su intersección con avenida Figueroa Alcorta, frente al Estadio Monumental del Club River Plate y se creó el Parque de la Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La modificación aprobada en el recinto dispuso que los polígonos A y C sean desafectados del dominio público y declarados innecesarios para la gestión del Gobierno, disponiéndose de conformidad con el procedimiento de venta en subasta pública.

Por otra parte, en la modificación del artículo 25 de la misma norma se estableció que el Poder Ejecutivo tomaría las medidas administrativas necesarias para desocupar los Polígonos A y C, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 5.558 en el plazo de seis meses desde la fecha de su publicación.

En ese marco, el artículo 26 estableció que el Ejecutivo realizaría las gestiones para la efectiva relocalización de la Asociación Civil Tiro Federal Argentino, mientras que mediante los artículos 10 y 11 de la Ley N° 5.940 se lo autorizó a otorgar usufructos sobre dos predios de la Ciudad: uno de ellos ubicado en parte del actual emplazamiento de la citada asociación, mientras el otro se sitúa donde se construirá el nuevo Centro Deportivo de Tiro, estando a cargo del Ejecutivo arbitrar los medios para su construcción, conforme lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 5.940.

Asimismo, a través de la Ley 5.941 se autorizó al Poder Ejecutivo a proceder a la disolución y liquidación de la “Agencia de Bienes S.E.”, disponiendo que aquel llevará a cabo las funciones y obligaciones asignadas a la Agencia mediante la Ley N° 5.558.

“En el contexto descripto y con el propósito de dar acabado cumplimiento a la normativa vigente deviene necesario adecuar el marco jurídico, lo que brindará seguridad jurídica y fomentará la más amplia e imparcial concurrencia de oferentes, posibilitando la obtención de los fondos necesarios para afrontar las obligaciones emergentes de las leyes N° 5.558, 5.940 y 5.941, a cuyo efecto resulta necesario establecer las modalidades de venta y pago del precio, atendiendo al interés público comprometido y en condiciones de mercado”, sostienen los fundamentos del proyecto presentado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

El proyecto de ley finalmente fue aprobado con 33 votos positivos, 15 negativos de los bloques UC, AyL, FIT y PS, y 10 abstenciones de los bloques Evolución, BP, GEN y MC.