En el marco del estudio del proyecto de ley de presupuesto de la Ciudad para el 2019, la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña recibió a las autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Sindicatura General de la Ciudad y de la Procuración General.

Este lunes, además de la visita de la Auditoría General de la Ciudad, concurrieron a la Legislatura porteña las autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Sindicatura General de la Ciudad y de la Procuración General.

Además de los funcionarios de los organismos estuvieron presentes en la reunión la titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Paula Villalba y los diputados Francisco Quintana, Claudio Romero, María Luisa González Estevarena, Claudio Cingolani, Carolina Estebarena, Christian Bauab, Lía Rueda, Jian Ping Yuan, Paola Michielotto, Ariel Álvarez Palma (VJ), Javier Andrade, Mariano Recalde (UC), Silvia Gottero (BP), Hernán Arce (PS) e Inés Gorbea (E).

El defensor del Pueblo, Alejandro Amor, fue el encargado de presentar el presupuesto de este organismo y delineó los ejes de tabajo de su área para el 2019. El monto solicitado al Poder Ejecutivo asciende a 1.419 millones de pesos.

En su exposición, Amor afirmó que “la próxima gestión tendrá un presupuesto amplio y ordenado dedicado a gastos y personal para poder ejecutarlo y darle el perfil deseado a la Defensoría”. Algunos de los puntos trabajados durante el 2018 fueron la ley de compras y contrataciones, el registro de proveedores de la ciudad, la ley de procedimientos administrativos adaptada a la institución, el primer convenio colectivo de trabajo y en el proceso de evolución y desarrollo de sedes descentralizadas de la Defensoría en villas y barrios porteños.

Además, según el funcionario, actualmente continúan trabajando con los controles de presentismo, los retiros voluntarios, la reducción de estructuras, el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, el proceso de digitalización del organismo y la reparación historica, entre otros.

Amor estuvo acompañado por su equipo conformado por María América González, José Palmiotti, Arturo Pozzali, Gabriel Fuks, Oscar Zago, Christian Devia y Silvina Penella.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad es un organismo de control autónomo e independiente, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Su creación se dispuso en la Constitución porteña de 1996 y, como tal, es la continuadora jurídica de la Controladuría General Comunal. Puede proponer leyes ante la Legislatura de la Ciudad, presentarse en los tribunales en representación de los ciudadanos y tiene capacidad para iniciar investigaciones.

La función de la Defensoría es proteger y defender los derechos humanos, individuales y sociales de los vecinos; supervisar y garantizar que las instituciones y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes; controlar que las empresas de servicios públicos brinden los servicios de manera adecuada a toda la comunidad y atender las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por abusos, negligencias o irregularidades.

Sindicatura General

El proyecto de presupuesto para 2019 presentado por el Poder Ejecutivo incluye una partida de 206.626.912 de pesos destinada a la Sindicatura General. La presidente del organismo, Mónica Freda, realizó la exposición de los trabajos realizados y objetivos futuros respaldada por sus compañeros Silvia Venenatto, Juan Pablo Laporte, Carlos Maza, Emilse Teyo, Carlos Valero, Valeria Maddaloni, Sara Nicolini y Cristian Ludovisi.

En cuanto a los objetivos estratégicos para el próximo año Freda se refirió a fortalecer vínculos y los sistemas de control, promover buenas practicas y excelencia academica y profesional, y colaborar con el cumplimiento del acceso a la información y transparencia de la gestión.

Algunos de los logros realizados “sin desvíos y dentro de la asignación de este año” según la funcionaria, fueron la realización de 160 auditorias, la utilización de las unidades retributivas de régimen modular de planta de gabinete, la recertificación norma ISO con cinco fortalezas y sin observaciones, la certificación de eventos de control interno, las variadas capacitaciones y los convenios de cooperación con distintos organismos provinciales de control y auditoria interna.

“Buscamos la profesionalización del personal mediante continua capacitaciones, trabajar en equipo y acompañar la gestión de gobierno asegurando un sistema de control interno que consolide las medidas gubernamentales para anticipar los riesgos y los objetivos del estado, siempre pensando en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos”, concluyó Freda.

La Sindicatura General tiene a su cargo el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de gestión, así como el dictamen sobre los estados contables y financieros de la administración pública.

Procuración General

Por último, el presidente de la Procuración General, Gabriel Astarloa, presentó el los ejes del presupuesto con un monto solicitado para el área al Poder Ejecutivo de $1.032.757.175.

El funcionario señaló ocho objetivos ministeriales que luego tienen proyectos particulares de gestión: el seguimiento de juicios más relevantes, disminuir la conflictividad y costos por demandas, acelerar tiempos y aumentar recaudación, el control de legalidad, que los sumarios sean resueltos a la brevedad, la adquisición de buenas practicás y capacitación permanente, el servicio jurídico gratuito y el seguimiento de juicios de herencias vacantes.

Entre otros puntos, destacó la continuación de la obra de refuncionalización del edificio del organismo, el trabajo del personal y anticipó la realización de un cercano concurso de ingreso para abogados a la Procuración.

“Nuestro objetivo es colaborar con la gestión para que el gobierno lleve adelante sus proyectos. Somos concientes de la importancia del órgano y de la independencia técnica que hace falta tener, tenemos un compromiso de diligencia para ayudar a que los vecinos de la ciudad vivan cada día mejor”, afirmó Astarloa.

El legislador Hernán Arce (PS) solicitó un pedido de informe desde octubre de 2017 hasta la actualidad sobre los procesos judiciales iniciados en la Procuración.

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o intereses. Como Organismo de Control, tiene a su cargo dictaminar sobre la legalidad de los actos administrativos, actuar en defensa del patrimonio de la Ciudad y ejercer su patrocinio letrado.