Por Jorge Enríquez

Subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

El miércoles pasado, un piquete violento de Quebracho y otros grupos kirchneristas bloqueó la avenida 9 de Julio y paralizó el Metrobus. El corte estaba pensado para durar horas y acaso más de un día, como lo indica el hecho de que los manifestantes habían llevado carpas. Pero la rápida y eficaz acción de la Policía de la Ciudad despejó el área y permitió que se reanudara el normal funcionamiento del tránsito y el transporte. El operativo fue llevado a cabo profesionalmente y no hubo que lamentar heridos.

La enorme mayoría de la gente recibió con satisfacción la intervención policial. Pero no podían faltar las voces de la izquierda autoritaria que denunciaron una represión salvaje. A ellas se sumó el coro de quienes, sin pertenecer a esas corrientes, están intoxicados de "corrección" política. Alguna periodista, por caso, llegó a decir que la acción de las fuerzas de seguridad podía ser correcta, pero que no estábamos preparados todavía para asimilarla, porque en la Argentina había habido 30 mil desaparecidos. Cualquier represión, según su enfoque, nos llevaba hacia ese pasado trágico.

En verdad, los desaparecidos son la manifestación más cruda y criminal de la ilegalidad. El camino opuesto al de aquella barbarie no es la permisión del desprecio por la ley, sino la plena vigencia del Estado de derecho, que requiere no sólo la existencia de normas, sino también de lo que en inglés se llama enforcement, concepto que no tiene una única palabra que lo exprese en castellano, pero que podría traducirse libremente como "hacer cumplir la ley".

¿Cómo se hace cumplir la ley? De muchas formas, pero cuando se comete un delito flagrante que impide el ejercicio de derechos a miles de personas, luego del diálogo y el intento de persuasión, puede ser necesario el empleo de la fuerza. Esta debe ser razonable y proporcional, sólo la estrictamente necesaria para que la fuerza ilegal deponga su actitud.

Cuando se actúa de esa manera, es inevitable que se recurra, para objetarla, al fácil latiguillo de la "criminalización de la protesta". Nadie criminaliza en la Argentina la protesta, ni podría hacerlo en virtud de los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y sus equivalentes de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. La protesta es parte de la libertad de expresión, pero el corte de una arteria o de un transporte público ya es otra cosa: una acción que daña a terceros y que constituye un delito. Impedir el tránsito por la 9 de Julio o cortar el Metrobus ocasionan innumerables problemas a miles de personas, la mayoría de ellas trabajadores que emplean considerable tiempo en regresar a sus hogares. Es extrañísimo este progresismo que se ensaña con los pobres. Deberían preguntarles a ellos si están de acuerdo o no con la intervención de la Policía de la Ciudad.

Lo he escrito muchas veces, pero creo que vale la pena reiterarlo: en la Argentina hemos pasado de la fuerza sin ley de la dictadura a la ley sin fuerza. Es hora de que el péndulo, acaso el objeto que mejor reflejaría, si lo hubiera, el ser nacional, deje de marcar, en este como en tantos campos, el paso de nuestra vida pública. No se trata de inventar la pólvora, sino tan sólo de ser un país normal y previsible.