Los acuerdos firmados, entre el Consejo de la Magistratura porteño y el Ministerio de Seguridad de la Nación, tienen por objetivo establecer las relaciones de colaboración y cooperación vinculadas al Programa de Protección de Testigos e Imputadas.

En la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, se llevó a cabo la firma de un convenio marco y un convenio específico entre el Consejo y dicho Ministerio. Ambos acuerdos fueron firmados por la presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, Karina Leguizamón y la titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Asimismo, estuvieron presentes en la firma la Secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial, Genoveva Ferrero y el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Javier Buján. En representación del Ministerio, estuvieron presentes, además de la ministra Bullrich, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio, Fernando Soto y el secretario de Gobierno, Seguridad y Control Integral de Villa Allende, Felipe Crespo, entre otros.

“El convenio no es otra cosa que una demostración de la posibilidad inter-jurisdiccional de trabajar en equipo y la formalización de una práctica de cooperación a los efectos de regularizar la fase administrativa de los mismos que ya han producido reiteradas muestras de éxito”, destacó Buján. El presidente de la Cámara también resaltó el “profesionalismo de las fuerzas federales que trabajaron en el Programa de Protección de Testigos e Imputados no solo en materia de infraestructura sino también con dispositivos de recursos humanos”.

El convenio específico se firmó luego de suscribir el acuerdo marco en el cual se acordó establecer relaciones de colaboración y cooperación para garantizar la realización de los objetivos propuestos, a los efectos de contribuir al cumplimiento de las misiones y funciones de cada organismo. En el marco de dicho acuerdo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad acepta poder integrar servicios de protección de testigos e imputados en los términos de la Ley N° 25.764 en causas de jurisdicción local a requerimiento de los magistrados actuantes.

En ese sentido, el Consejo facilitará el uso de las instalaciones y el personal de la Cámara Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas para el cumplimiento del acuerdo y se establece la creación de una Comisión integrada por el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas y el director del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio.