En un debate con fuertes cruces a tan solo cinco días de las PASO, el oficialismo avanzó con el proyecto de ley de “ficha limpia”, que impide ser candidatos a quienes carguen con una condena ratificada en doble instancia por delitos de corrupción.

La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde algunos integrantes del oficialismo firmaron en disidencia. La discusión quedó abierta y el texto podría sufrir cambios en el recinto, según adelantó el diputado Pablo Tonelli.

Durante el plenario, la oposición se descargó contra Cambiemos por la oportunidad del debate a escaso tiempo de las primarias. Graciela Camaño (Consenso Federal), Emilia Soria (Frente para la Victoria-PJ) y Pablo Kosiner (Justicialista) levantaron quejas y exigieron debatir proyectos vinculados a la agenda económica y social.

Las críticas no impidieron al interbloque oficialista avanzar con el dictamen, aunque en la previa tuvo que echar mano a una maniobra ya extendida en la Cámara y cambió a tres de los integrantes de las comisiones para garantizar la asistencia perfecta. Así, Marcelo Monfort ingresó por Mario Negri; Albor “Niky” Cantard por Miguel Nanni; y Jorge Enriquez por Lucas Incicco.

El debate giró en torno al grado de la sentencia que impediría a una persona ser candidata. El oficialismo respetó lo acordado en un borrador previo y estableció que la prohibición “se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

Sin embargo, tanto Silvia Lospennato como Brenda Austin propusieron que el impedimento comience a regir con una condena en primera instancia, tal como se había consensuado en un dictamen que se firmó en 2017, pero que no llegó al recinto y perdió estado parlamentario. En cambio, Camaño y Kosiner avalaron el doble conforme.

El otro de los ejes de la discusión fue los delitos que estarán contemplados. El dictamen incluyó sólo los delitos contra la administración pública, incorporando un inciso al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Así, quedaron contemplados los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito; encubrimiento; fraude en perjuicio de la administración pública; traición y delitos que comprometan la paz y dignidad de la Nación.

El diputado nacional, Jorge Enríquez, expresó: “¿Es admisible que un político condenado por delitos de corrupción sea candidato a un cargo electivo? Para cualquier persona con sentido común esa idea sería absurda. Sin embargo, actualmente nuestras leyes tienen una laguna en este aspecto y los tribunales carecen, por lo tanto, de referencias claras para fallar”

“El artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica establece que los Estados parte pueden limitar el derecho a ser elegido 'por razones de condena dictada por juez competente en proceso penal'. No habla de condena firme”, ejemplificó Enríquez.