La diputada nacional Graciela Ocaña impulsa la creación de la Comisión Especial para el Control y Esclarecimiento de los hechos de Violencia Institucional producidos en el contexto de la pandemia por Covid-19.

A través de un proyecto de resolución la legisladora de Juntos por el Cambio propuso la creación de la Comisión Especial para el Control y Esclarecimiento de los hechos de Violencia Institucional producidos en el contexto de la pandemia por Covid-19, para esclarecer los actos violentos producidos contra los ciudadanos en los últimos meses. 

En ese sentido, Graciela Ocaña advirtió que “en Argentina la pandemia fue la limitación de los derechos individuales y en ese marco, miembros de las fuerzas de seguridad que había separado María Eugenia Vidal fueron reincorporados por Berni y Kicillof”.

Y agregó que “es muy importante saber qué pasó con Facundo Castro y que se esclarezcan casos como el de Lucas Verón, muerto durante una persecución policial en La Matanza”. 

Asimismo, Ocaña señaló en la iniciativa que “durante los últimos meses, hemos sido testigos de graves hechos de violencia institucional perpetrados por personal de las fuerzas de seguridad contra ciudadanos en la provincia de Buenos Aires, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y la comunidad QOM en Chaco”. 

La comisión estará conformada por seis diputados designados a propuesta de cada bloque en proporción a la representación política y por los presidentes de las Comisiones Permanentes de “Derechos Humanos y Garantías”, “Seguridad Interior”, y “Libertad de Expresión”. 

Tendrá por objeto el conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de los hechos ilegales producidos por las fuerzas de seguridad en todo el ámbito territorial de la República Argentina en el contexto de pandemia y de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)” dispuesto por Decreto 297/2020 y podrá requerir y recibir testimonios de personas, así como elementos probatorios, solicitar expedientes, denunciar judicialmente los hechos delictivos, evaluar el régimen normativo y las políticas públicas de cada jurisdicción para la prevención de dichos sucesos”. 

“Estos hechos de violencia y discriminación racial fueron denunciados por organismos de derechos humanos a nivel provincial y nacional y desde el Congreso de la Nación no podemos permanecer callados, ya que las medidas sanitarias y de seguridad implementadas para combatir la pandemia, no pueden justificar que el Estado viole derechos humanos de la población”, sostuvo la dirigente de Confianza Pública. 

Ocaña alertó además: “Vemos con preocupación que el Viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y al Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, estén más preocupados en garantizar la libertad de delincuentes por hechos de corrupción, que en defender a estos ciudadanos argentinos cuyos derechos a la vida, a la dignidad y a la integridad física han sido violados”.