La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) rechazó de manera terminante el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que cambia la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo y licua el poder de la entidad sindical en la paritaria docente.

La secretaria General de Ctera, Sonia Alesso, y su secretario General adjunto, Roberto Baradel, definieron al decreto de Macri como “un nuevo ataque a las organizaciones sindicales docentes” y anticiparon que denunciarán la medida ante la Organización Internacional del Trabajo y la Internacional de Educación.

Puntualmente, el decreto cambia el criterio para repartir los lugares reservados a los gremios en esa mesa de negociación. Con la modificación se pasa del actual esquema proporcional, vinculado con la cantidad de afiliados de cada gremio, a la representación pareja, con un representante por sindicato docente, sin importar el peso específico de cada organización.

En el actual reparto proporcional, Ctera tiene cinco lugares y los otros cuatro gremios con representación nacional (UDA, Sadop, CEA y AMET), uno cada uno. El decreto de Macri modifica un decreto anterior, firmado por Néstor Kirchner en 2007, que reglamentó la ley de financiamiento educativo (26.075).

“Desde la Ctera repudiamos y rechazamos firmemente la decisión unilateral y arbitraria del Gobierno Nacional que modifica las condiciones de la Paritaria Nacional Docente, que habían sido refrendadas por la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y por el Decreto 457 del año 2007”, señaló la entidad sindical.

El comunicado, firmado por la secretaria General de Ctera, Sonia Alesso, y su secretario General adjunto, Roberto Baradel, define al decreto de Macri como “un nuevo ataque a las Organizaciones Sindicales Docentes”.

“El Gobierno avanza con el desmantelamiento de la instancia de negociaciones colectivas a nivel nacional, modificando de manera unilateral los acuerdos que habían establecido los sindicatos docentes con representatividad reconocida como Ctera, Sadop, CEA, Amet y UDA”, continúa el comunicado.

También destaca que “de esta manera se pretende limitar las discusiones salariales a cada jurisdicción, sin tener la posibilidad de que se discuta a nivel nacional el piso mínimo ni las condiciones generales para un proceso de recomposición salarial del sector. Es decir, se pretende generar un sistema con más desigualdad entre las provincias y con derechos diferenciales al interior del conjunto de los trabajadores”.

El comunicado puntualiza que Alesso y Hugo Yasky, secretario General de la Internacional de la Educación, presentarán la denuncia en la OIT y la IEAL.

“Si el gobierno cree que nos va a amedrentar con estas medidas arbitrarias y persecutorias, lo único que va a lograr es fortalecer el espíritu de lucha de todos los docentes argentinos para seguir peleando contra este neoliberalismo que pretende sojuzgar y disciplinar a la clase trabajadora”, cierra el texto.