La justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Gobierno porteño realizar de modo urgente medidas dirigidas a erradicar la presencia y prevenir la proliferación de roedores en la Escuela de Danzas “Aída Mastrazzi”, dentro del plazo de cinco días.

El titular del juzgado N° 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, dispuso con fecha 15 de septiembre, en los autos caratulados “Mirco, Elizabeth Noemí y Otros contra GCBA sobre Amparo-Educación – Temas Edilicios” Expediente A18945-2017/0, hacer lugar a la medida cautelar impulsada por un grupo de padres de alumnos de la Escuela de Danzas “Aída Mastrazzi”, dependiente del Ministerio de Educación del GCBA, en virtud de la continuidad de situaciones denunciadas desde el año 2015 que afectan el derecho a la educación y a la salud de los alumnos de dicha institución.

La comunidad educativa presentó una acción de amparo en la que detalló la formulación de una serie de reclamos, algunos referidos a cuestiones edilicias, otros en relación a la seguridad en las inmediaciones del colegio y por último alertaron que “persiste la presencia de roedores en el establecimiento”. Relataron además que “hubo algunas suspensiones de clases dispuestas a pedido de los padres pero dicha medida se revirtió desde el 17 de agosto del corriente, fecha en la que se dispuso retomar las actividades” y reclamaron porque entienden, previo a ello “se debió haber efectuado un estudio y/o inspección a fin de determinar si el colegio representa o no un ambiente sano para el alumnado”.

Por su parte, las autoridades del Ministerio de Educación porteño se opusieron al dictado de la medida cautelar solicitada y destacaron que “no se encuentra comprometida ni la seguridad ni la salubridad de los alumnos que concurren a dicha institución”. Informaron además que “no se habían detectado presencia de roedores en los últimos días y que además de la desratización, desinsectación y desinfección mensual (3 de agosto), se habían realizado dos refuerzos (los días 15 y 18 de agosto)”. Y enumeraron distintas medidas tendientes a continuar con las tareas de desinfección y desratización, la incorporación de nuevo personal a la planta de auxiliares en las cuadrillas de limpieza y la elaboración del pliego para realizar la colocación de un ascensor para el ciclo lectivo 2018.

El juez Scheibler, a su turno, libró un oficio a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires para que analice las muestras colectadas en el marco del reconocimiento judicial y dejó constancia que el 17 de agosto, “asistieron las doctoras del Área Programática de Salud del Hospital Argerich, quienes respondieron las preguntas de la comunidad educativa e informaron que en caso de presencia de materia fecal, se debía limpiar, desinfectar y seguir con las clases, mientras que en el supuesto de ser visto el animal circulando, por protocolo se debían suspender las clases”.  A la vez que señaló la existencia de un informe pormenorizado realizado por personal del Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”.

El magistrado concluyó que “no se encontraría discutido que haya habido roedores y sus excrementos ni que no se hayan adoptado ciertas medidas, lo que resulta necesario determinar en este estado de las actuaciones es si esas medidas han logrado mitigar esas circunstancias y sobre todo si están dadas las condiciones de seguridad y salubridad tanto para el alumnado como para el personal docente y no docente, para que desarrollen sus respectivas actividades en dicha institución”, y afirmó que tras lo observado en el reconocimiento judicial practicado, cuya realización fue dispuesta y notificada con varios días de anticipación que “efectivamente ha existido una respuesta de la Administración frente a la situación planteada, sin embargo ésta dista de estar a la altura de la situación que se pretende conjurar”.